La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos F. Rosenkrantz, elaboró un informe estadístico sobre niños, niñas y adolescentes con causas penales, que fueron intervenidos por la Justicia nacional de menores durante el primer semestre del año. Determinó que, en esta situación, se encontraron 906 jóvenes, un 10% más que en el mismo período de 2021.

9 de cada 10 de estos Niños Niñas y Adolescentes fueron varones, principalmente argentinos (94 %) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (55 %) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (44 %). El promedio de edad es de 16 y 17 años (61 %).

Los delitos registrados por lo que ocurrieron las intervenciones, prevalecen aquellos contra la propiedad (85 %), principalmente distintos tipos de robos (77 %). El restante 15% corresponde a delitos contra la integridad sexual (41 %), contra la administración pública (20%) y contra las personas (8%).

En esta última categoría, delitos contra las personas, se registraron 12 causas, en 4 se investigó el delito de homicidio 2 en grado de tentativa y 2 consumados. Esta cifra representa un 60% menos de causas por homicidio que en el mismo período del año anterior.

Los juzgados nacionales de menores registraron en el período un total de 954 causas, de las cuales el 59% fueron sobreseimientos por mediar una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria, según lo dispuesto por los códigos procesales penales. Los tribunales orales de menores, por su parte, registraron 16 resoluciones, 7 de ellas fueron declaración de responsabilidad con suspensión del trámite o absolución.

Privación de la libertad o alojamiento en instituciones
El informe detalla que, en el semestre, 67 Niños Niñas y Adolescentes tuvieron alguna medida judicial de privación de libertad, alojamiento en residencias de libertad semirestringida u hospitales, 10% menos que en el mismo período de 2021. La mayoría de las medidas finalizaron el mismo semestre (60 %) siendo su duración promedio de 21 días.

El 50% de las medidas se inició en centros de régimen cerrado, el 27 % en residencias socioeducativas de libertad restringida y el 23 % en hospitales.

Desde la redacción de la Voz de Monte entendemos que la problemática delictiva no es unicausal, sino al contrario, tiene demasiadas variables por las cuales no se puede restringir la política pública de seguridad solo a encerrar niños. Siguiendo los datos de la Corte, observamos que realmente la gran mayoría de los delitos están implicados por causas materiales, esto muestra que el hambre, la falta de oportunidades rompe todo esquema para una sociedad sana.

Para finalizar nos preguntamos ¿el sistema va a condenar por el resto de su vida a estos niños? ¿Sirve realmente? ¿No sería mejor una política seria de prevención y rehabilitación? Dicho sea de paso una política de este calibre se pondría a derecho con nuestra constitución y con las directrices de la Res 45/112 ONU.