El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 14 de enero y modifica el baremo utilizado para evaluar la capacidad laboral de las personas que solicitan una pensión por invalidez. La normativa reemplaza categorías médicas reconocidas internacionalmente, como discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda, por términos arcaicos que ya no se utilizan en la medicina moderna ni en el derecho internacional.
Un Retroceso Legal y Ético
La polémica medida del gobierno de Milei retoma palabra por palabra un decreto firmado en 1998 durante la presidencia de Carlos Menem, a quien Milei reivindica como uno de sus referentes políticos. La norma original, titulada Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores, establecía criterios para determinar el grado de incapacidad de quienes solicitan una pensión por invalidez laboral. Sin embargo, con el tiempo, el marco legal argentino fue adaptado a las recomendaciones de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008 y que tiene rango constitucional en el país.
Según el texto oficial, un “idiota” es aquel que “no lee ni escribe, no controla esfínteres ni puede subsistir solo”. Un “imbécil” es quien “atiende sus necesidades elementales y puede realizar tareas rudimentarias”. Y un “débil mental profundo” es aquel que “solo firma, tiene un vocabulario simple y no maneja el dinero”.
Estas categorizaciones, además de estar en desuso desde hace décadas por su carga estigmatizante, contradicen la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (tratado internacional que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, aprobado el 13 de diciembre de 2006 y ratificado por Argentina en 2008). Además, refuerzan estereotipos discriminatorios que la sociedad viene intentando erradicar hace tiempo. La Convención, en su artículo 8, establece el deber de los Estados de adoptar medidas para fomentar el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad, erradicando prejuicios y estereotipos.
Una Política Coherente con la Ideología de Milei
La decisión de Milei y su gobierno no sorprende si se la enmarca en el discurso del presidente, quien en reiteradas ocasiones ha utilizado términos ofensivos en sus intervenciones públicas. Insultos como “idiota”, “descerebrado” o “mogólico” han sido recurrentes en su retórica, tanto en redes sociales como en entrevistas y discursos.
Desde la Casa Rosada justificaron el decreto asegurando que busca “recuperar un criterio objetivo para la evaluación de la invalidez laboral y evitar fraudes en las pensiones”. Sin embargo, la reacción social y política indica que el costo de esta decisión puede ser alto. Incluso algunos aliados del oficialismo han preferido mantenerse en silencio ante la controversia.
Organismos internacionales podrían pronunciarse en los próximos días, dado que el nuevo baremo podría violar acuerdos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, el rechazo en la sociedad crece y la discusión sobre el trato del Estado hacia las personas con discapacidad se instala nuevamente en el centro del debate político.
Opinión
El lenguaje empleado en la normativa oficial no solo deshumaniza, sino que también representa un acto de violencia institucional y una muestra del desconocimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad. No hay personas "inválidas" para trabajar; todas pueden hacerlo si se les proporcionan los apoyos necesarios para desempeñarse con dignidad en la sociedad. Medir la incapacidad de las personas es en sí mismo discriminatorio y capacitista, porque reafirma la noción de que existen personas naturalmente improductivas e incapaces de desarrollarse en el mercado laboral, en lugar de considerar que todas podrían acceder a un empleo y desempeñarse adecuadamente en él, si se implementaran las medidas de accesibilidad, si se proveyeran los apoyos y se realizaran los ajustes que ellas puedan requerir para hacer las tareas que tengan a su cargo.
Además, categorizar a una persona con discapacidad como improductiva la condena a una existencia marcada por la extrema pobreza. Con una pensión de $191.160,55 en febrero de 2025 y un bono adicional de $70.000, el total apenas alcanza los $261.160, cifra que se sitúa muy por debajo de la canasta básica de $331.532 para una persona adulta. Este déficit se agrava al no considerar los gastos adicionales que implica vivir con una discapacidad, tales como equipos de apoyo, asistencia personal o adaptaciones en el hogar. Esto intensifica una desigualdad estructural arraigada desde hace años.
Este hecho no es un caso aislado. Desde su llegada al poder, el Gobierno de Milei ha impulsado recortes en programas sociales y ha modificado normativas vinculadas a la garantía del acceso a la salud y la educación de las personas con discapacidad, afectando directamente a nuestras vidas. No se trata de un error, sino de una línea ideológica que desconoce los derechos fundamentales de quienes históricamente hemos sido marginados.
La designación de Diego Spagnuolo al frente de la ANDIS refuerza esta tendencia. Su falta de antecedentes en la gestión de políticas de discapacidad y su cercanía con el presidente solo profundizan la incertidumbre y la desprotección.
En un país que lucha por la inclusión y el respeto a la diversidad, este tipo de medidas representan un grave retroceso. La dignidad no es negociable. Es urgente que el Gobierno tome conciencia del impacto de sus políticas y reformule su enfoque en relación con los derechos y la vida de las personas con discapacidad.
