El Máximo Tribunal insistió en el fallo que la Constitución Nacional no solo permite, sino que obliga a las autoridades públicas a adoptar medidas y políticas tendientes a proteger la salud de la población. El objetivo de estas normas "es evitar el uso indebido de medicamentos, así como determinar la peligrosidad de estos, su comprobada y comprobable acción y finalidades terapéuticas y sus ventajas científicas, técnicas o económicas, de acuerdo con los adelantos científicos".
Los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti entendieron que "Las razones de salud y seguridad públicas involucradas resultan suficientes para justificar que el Estado expida autorizaciones administrativas en el marco de la ley 27.350 para el autocultivo y la elaboración de productos derivados del cannabis con fines medicinales. Ello determina, a su vez, que la intervención del Estado en esta área no implica una interferencia injustificada en la autonomía personal del artículo 19 de la Constitución Nacional".
A su vez, los magistrados insistieron en la reglamentación vigente, como el Reprocann, y entendieron que la misma "tiende a preservar un interés estatal relevante como el cuidado integral de la salud pública, basándose en que el suministro del cannabis y sus derivados puede originar efectos secundarios o adversos de distinta intensidad", por lo que "los requisitos exigidos para obtener la autorización no resultan irrazonables".
La resolución expresa también que "Dichas medidas de control estatal constituyen una injerencia mínima que, lejos de proscribir el autocultivo con fines medicinales, lo someten a una regulación que se limita a asegurar cierta supervisión por parte del Estado, registrar el consentimiento del paciente y garantizar la intervención médica indispensable", agregó la sentencia.
La sentencia manifiesta que De la ley 23.737 y del nuevo régimen instituido por la ley 27.350, en la actualidad, los pacientes pueden usar legalmente los derivados del cannabis para fines medicinales, adquiriéndolos como producto medicinal, farmacéutico o mediante el autocultivo de la planta de cannabis con autorización administrativa del REPROCANN. Bajo esas condiciones, las conductas que las actoras pretenden resguardar con esta acción de amparo ya se encuentran excluidas de la persecución penal que impugnan".
El fallo de la Corte reconoció que: "sin ignorar los beneficios del tratamiento con cannabis autocultivado, la intervención estatal se encuentra justificada en la ya aludida existencia de riesgos de efectos adversos para los niños, pues, como se ha indicado, los Estados tienen el deber de elegir las alternativas que consideran más apropiadas a los fines de evitar daños en la salud de aquellos".
Sin ninguna duda, este fallo es un gran paso de validación para todo el camino transitado en la desmitificación y ponderación de una planta que ha sido a lo largo de la historia reciente criminalizada.
En Monte existe una ordenanza donde se autoriza al poder ejecutivo a realizar las gestiones pertinentes para poder crear una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación estatal Mayoritario); la ordenanza se la conoce con el número 4433-2021, esta ordenanza con mucha visión de futuro reza en su considerando: “es momento de que los montenses tengan un proyecto integral a mediano plazo, teniendo presente que son exiguas las oportunidades que da la historia en cuanto a la aparición de nuevos mercados, debido a esto es fundamental estar preparados para captar los beneficios que ellos aportaran, más sabiendo que nuestro distrito tiene déficit de empleo; es un deber del ejecutivo de turno mostrar madures política y crear los cimiento necesarios para que Monte pueda posicionarse entre unos de los primeros distritos de la provincia en trabajar seriamente en la industria del cannabis, logrando así la virtuosidad del empleo y desarrollo”. Sin dudas un párrafo muy bien ejecutado, dejando expuesto toda la realidad que el distrito atraviesa. La redacción observando este presente donde la mismísima Corte Suprema avala al cannabis, inclusive nuestro intendente habiendo tenido la posibilidad de ver la industria en funcionamiento en persona, La redacción de La Voz de Monte se pregunta: ¿se hará algo al respecto?
